Las negociaciones arrancaron hace un año, pero hasta ahora no ha habido luz verde por parte de la de UGT y CCOO. Esta semana Gobierno y sindicatos firman el Estatuto del Becario. Aun así, la ministra Yolanda Díaz deja fuera a la CEOE al no llegar un acuerdo con las organizaciones empresariales. El objetivo de esta iniciativa es regular las prácticas de los estudiantes dentro de las organizaciones y evitar los posibles fraudes en el uso de esta figura.
Este jueves, día 15 de junio, el texto se ha suscrito por parte de los sindicatos y Yolanda Díaz. Según la ministra, es una norma que «pone en luz en zonas en las que se permitían todo tipo de abusos». El texto, además, también contempla un régimen sancionador, en caso de incumplimiento por parte de las empresas. Este contiene multas de carácter muy grave que podrían oscilar entre los 7.501 y los 225.018, dependiendo del grado. En ese sentido, la patronal discrepa en algunos puntos, como es el caso de las prácticas extracurriculares. Además, rechaza negociar un acuerdo para establecer legislación en período electoral. Para los sindicatos es relevante, en tanto supone eliminar lo que califican como «una excusa para el abuso o para cubrir puestos de trabajo». De momento se trata de un acuerdo firmado entre el Ministerio y los sindicatos. Fuentes de Trabajo explican a El Confidencial que se trabaja para que el texto se apruebe de manera «urgente» antes de las elecciones del 23 de julio.
Las claves del acuerdo
Entre los puntos más importantes del Estatuto del Becario que firman Gobierno y sindicatos es la incorporación de los días de vacaciones y festivos para los becarios. Estos deben estar garantizados. De la misma manera, deben tener acceso al resto de servicios a los cuales sí que tiene acceso el resto de la plantilla. Además, se establece que los becarios podrán representar un máximo del 20% de la plantilla de la organización, aunque abre la puerta a que todas las empresas puedan decidir incorporar a dos de ellos.
Entre las claves del acuerdo está la obligatoriedad de que las prácticas sean realizadas en el marco de un convenio con la universidad o el centro de formación profesional. Así, todas aquellas actividades que deban ser desarrolladas por el becario estarán recogidas en el «Plan de formación». En ese sentido, se hace énfasis en el concepto de la «tutorización». Cada tutor solo podrá tener un máximo de 5 alumnos a su cargo, y en caso de que la empresa disponga de menos de 30 trabajadores, será un máximo de 3.
Precisamente las empresas no deberán asignar obligatoriamente un salario a los alumnos, pero si que deberán cubrir el desplazamiento, el alojamiento y la manutención. En caso de que hubiera una remuneración o existieran otras becas que se destinaran a estos gatos, no sería necesario cubrirlos. Además, dentro de la situación de los becarios, estos tendrán derecho a cotizar, una posibilidad que ya existe desde la reforma de las pensiones. Las universidades, por su parte, solicitan que no se aplique esta medida, ya que la mayoría de la aportación es pública.